Una nueva ley en Madrid hace posible la privatización de los hospitales públicos, lo que conlleva que seis nuevos centros serán directamente gestionados por entes privados, como ya sucede con dos de los veintinueve hospitales de la red sanitaria pública de la capital. Recientes informes han advertido de las consecuencias prácticas de estos dos experimentos: menor número de camas, quirófanos y profesionales, y por ende, menor número de intervenciones y consultas. También es evidente que este modelo de gestión convertirá a los centros en islas al margen del INSALUD, con sus particulares sistemas de selección y gestión de fondos, evidentemente mercantiles. O sea, que instituciones creadas con dineros públicos acabarán eludiendo los controles administrativos. Y por aquí ha comenzado a meter la patita el lobo. Porque la sanidad pública no tiene por obligación “cumplir los objetivos económicos previstos”, sino mantener a raya los estropicios del tiempo hasta que venga la Pelona a buscarnos. Externalizaciones, copagos, privatizaciones, ambulatorios sacados a concurso, concesiones… todo eso son vallas que saltar para los ciudadanos, pero una bicoca para las corporaciones sanitarias. Muchos de sus mandamases fantasean como Chaplin con una bola del mundo flotante, en la que los seguros privados sustituyan paulatinamente a la atención primaria, hasta convertir a España en el cuerno de la abundancia que han disfrutado -hasta ahora, Medicare mediante- en los Estados Unidos. Allí, 47 millones de personas no tienen derecho a médicos a pesar de ser el país con mayor gasto sanitario. Todo esto sin entrar en el chollo que supone para las constructoras, en esta dinámica de “colaboración público-privada”, construir y alquilar al ente público los hospitales por cantidades más elevadas que el coste real del edificio. Y ahora una verdad del barquero: la Sanidad Pública Universal ha sido la base fundamental del Estado del Bienestar, pilar de la solidaridad, garante de la estabilidad social. El día que la salud deje de ser un derecho para convertirse en un privilegio, que el estado obviamente utilizará como dádiva o beneficencia a través de la propaganda, habremos dado un gran paso hacia una nueva dictadura.
Ignacio del Valle